Amenaza revivir en estos días en que el campo televisible vuelve a las rutas el Far West que fue Santiago en tiempos de los Juárez.
Septiembre negro en Santiago del Estero. Como en los tiempos del matrimonio Juárez y su policía genocida Musa Azar. Septiembre negro en ese campo desdichado que no sale por tevé. Una conjura de terratenientes sojeros, políticos sojeros como Emilio Rached (el senador del famoso empate por la 125), jueces que vienen de la dictadura militar, policías torturadores y paramilitares de las “guardias blancas”, lanza una ofensiva brutal contra el Mocase-VC (Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina), de la que nos informa día a día y hora a hora su líder, Ángel Strapazzón.
“Es terrible, hermano –dice Ángel–, entran en los ranchos de noche, en grupos de cuarenta tipos. Algunos de civil, otros uniformados, golpeando, apuntando con las armas largas, haciendo arrodillar a los changuitos para humillarlos delante de sus padres. Con acusaciones falsas de robarse un caballo o una vaca. Invocando las órdenes del juez de Monte Quemado Anselmo Juárez, un colaborador de Musa Azar y ex policía de la dictadura.”
El dirigente del Mocase-VC no es precisamente alguien flojo e impresionable. Conoce personalmente ese Far West que fue Santiago en tiempos de los Juárez y amenaza revivir en estos días en que el campo televisible vuelve a las rutas. Ser uno de los principales referentes de los campesinos pobres, que se oponen a ser expulsados por las topadoras sojeras y madereras, le ha significado cárcel, persecución y un atentado en el que estuvo a punto de morir acribillado. Fue el 17 de marzo de 2003, cuando cuatro encapuchados, al mando de Miguel Ángel Zurita, quien se autodefinía como ex sargento carapintada y “actual subdirector del Servicio de Seguridad Cóndor”, se lanzó en su camioneta roja con franjas plateadas, detrás de la que conducía el líder del Mocase-VC y comenzó a disparar. Una maniobra cinematográfica del dirigente campesino le permitió ponerse fuera de la línea de fuego y huir. Zurita, obviamente, fue sobreseído.
Éste y otros ataques no menos brutales figuraron entre las causas por las que se dispuso, en abril de 2004, la intervención a la provincia de Santiago del Estero.
Pero ¿qué ocurre ahora, en septiembre de 2008? Por un lado el gobernador Gerardo Zamora llama a los campesinos a una mesa de diálogo, por el otro la justicia provincial falla a favor de los paramilitares e inventa causas por supuesta “privación ilegítima de la libertad” contra los campesinos. La policía provincial completa el cuadro operando con ferocidad, codo a codo con las guardias blancas de los terratenientes.
La cronología del terror desatado contra el Mocase-VC es elocuente. Las denuncias me las hizo llegar el Movimiento y también dirigentes de organizaciones humanitarias internacionales como el español Javier Álvarez del Castillo, de la Fundación Olof Palme.
Viernes 5 de septiembre: “Dieciséis efectivos policiales fuertemente armados, sin orden del juez, amenazaron de muerte, dispararon y golpearon a seis miembros del Mocase-VC. Dos de ellos fueron después alojados en el penal de Santiago. Se los pretendió chantajear ofreciéndoles su libertad a cambio del reconocimiento de derechos posesorios de la persona que los denuncia, Carlos Morel Bullez, empresario sojero cordobés, actuando con la complicidad del juez penal Tarchini Saavedra”.
Sábado 6 de septiembre: “Treinta y tres miembros de la fuerza de seguridad allanaron violentamente y sin orden del juez cinco viviendas de familias perteneciente al Mocase-VC en la zona de Pinto y detuvieron a dos miembros de la organización campesina. Decían actuar para aclarar el robo de un caballo. Sabemos que dicha acción fue ordenada por su aliado político Emilio Rached (ex alcalde de Pinto, ex vicegobernador y actual senador y candidato a gobernador de Santiago del Estero), el día antes que los empresarios sojeros le hicieran una celebración para felicitarlo por su voto en el Senado. Acción ejecutada por el juez Mansilla, de Añatuya, conocido cómplice de violentos y corruptos empresarios sojeros y delincuentes de la provincia”.
Viernes 19 de septiembre: “Fue detenido violentamente en la zona de Pinto Sabino Chávez, también miembro del Mocase-VC, cuyo campo es pretendido por los amigos de Emilio Rached”.
Lunes 22 de septiembre, a medianoche: “Cuarenta uniformados, gendarmes y policías, allanaron violentamente las viviendas de las familias campesinas del paraje El Quebrachito, en el término municipal de Monte Quemado. Robaron herramientas y dinero, amenazaron y golpearon a los cabezas de familia, ante la mirada horrorizada de sus hijos, niños y niñas menores de edad. Venían a las órdenes de la concejala municipal Villagrán de Coria (esposa de Julio Coria, dueño de una inmobiliaria local, enfrentado a las comunidades campesinas)”.
Miércoles 24 de septiembre: “El mismo ‘grupo de tareas’, con la misma metodología, arrancó violentamente de sus casas al matrimonio de Olga Peralta y Juan Cisneros, dejando a los niños sin la presencia de sus padres, en medio del pánico y el terror”.
En estas operaciones represivas, muy distintas por cierto de la breve detención sufrida por Alfredo De Angeli en Gualeguaychú, fueron detenidos diecisiete miembros del Mocase-VC. Al cierre de esta nota, quince habían recuperado la libertad. Esperamos que los otros dos salgan mañana lunes tal como lo anunciaron las autoridades.
En declaraciones al autor de esta nota, Ángel Strapazzón explicó la cacería contra el movimiento que conduce, como producto de un sistema feudal que impera en varias provincias del Norte. Y dio el ejemplo de Monte Quemado, donde se viola simultáneamente la ley 26.331 (de Bosques) y la 26.160 (de moratoria de desalojo de comunidades indígenas).
“En la ciudad de Monte Quemado existe desde hace varias décadas un sistema de silencios y complicidades entre el intendente, concejales y punteros políticos (agentes sanitarios, maestros, policías, jueces de paz, guardabosques, etc.) reproduciendo el sistema de La Forestal (la compañía británica que devastó a Santiago del Estero). Los intendentes que han pasado por el municipio, Carlos Hazán, que es ahora diputado provincial, y el actual, Manuel Osvaldo ‘Pitu’ Castillo, se van turnando como administradores y/o gerentes de todo un entramado de desmonte forestal para trabajo maderero”.
A pesar de todo, Ángel Strapazzón es un hombre alegre y optimista, con gran sentido político, pero no ignora lo que está reservado a los condenados de la tierra: “uno nace indígena, uno nace campesino, uno nace en un movimiento social, y es criminal”.
Miguel Bonasso, en Crítica Digital
